La Asamblea Ciudadana de Magallanes, confirmó un paro indefinido que se iniciaría el miércoles 12 de enero, en respuesta a la anunciada alza del 16,8% en el precio del gas, lo cual se concretaría desde el 1 de febrero. Por este motivo se han anunciado cortes de ruta, de accesos a las ciudades, puertos e incluso el acceso al parque nacional Torres del Paine.
leer másHasta el momento se han realizado dos movilizaciones, el 5 de enero donde se bloqueó el acceso al aeropuerto, y el 9 de enero que en un acto político-cultural, que convocó a más de diez mil personas. Por otro lado ya el lunes 10, en algunas poblaciones de Punta Arenas se realizaron cortes de calles, por lo que Carabineros de la región preparará un plan de contingencia para contener el paro. A esto se suman los dichos del ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, quien afirmó que reforzarían el contingente policial en la región si fuese necesario.
El alza acordada entre la ENAP (empresa nacional del petróleo) y Gasco, se debe a que según Rodrigo Azócar, gerente general de la ENAP. Afirma que sería necesario racionalizar el uso del gas, pues si se mantiene la actual demanda del hidrocarburo en la región de Magallanes, el consumo se lograría cubrir solo hasta el año 2013. Pues desde aproximadamente el 2004, se observa una caída en las reservas de gas, pues estas se consumen más rápido de lo que se reponen, por lo que se agotarían para el año 2017.
En este contexto, se evalúa limitar la cantidad de gas a las empresas generadoras de electricidad de la zona, quienes producen a bajo costo electricidad a base de gas, lo que obligaría a generar ésta con diesel, que tendría por consecuencia la subida de los costos de producción, que repercutiría en un fuerte incremento de las cuentas de luz.
El gobierno entre tanto, a sabiendas de ser una medida impopular que afecta a la mayor parte de la población de Magallanes, decide no dar marcha atrás al retiro de la subvención del gas. Contradiciéndose a los dichos de Hinzpeter, quien declara: “nuestro gobierno es un gobierno que toma decisiones en beneficio del bien común de las personas”.
En el sentir de la parte más afectada de la población de Magallanes, vemos como una vez más el empresariado y el gobierno son uno mismo, que actúa protegiendo las ganancias de sus empresas, en desmedro de las necesidades reales de la población. Dejando en evidencia, su clara postura de defender sus intereses de clase, por sobre el bienestar común de todas las personas.
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