El desarrollo del conflicto estudiantil iniciado en mayo surgió con una tibia instalación del conflicto educativo por parte de la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) y por una nula respuesta por parte del gobierno, que durante los primeros meses apostó a desconocer la situación de crisis en la educación, desmovilizar al movimiento acusándolo de “ideologizado”, reprimiéndolo duramente y apostando a liderar el proceso de reforma con pomposos anuncios en materia educativa que en los sustantivo no daban respuesta a las demandas estudiantiles. Ante ese escenario, el movimiento apuesta a la movilización directa a través de la toma de liceos y universidades, novedosas formas de protesta y marchas nacionales que desde el 14 de junio comenzaron a copar las calles masivamente (200.000 manifestantes solo en Santiago y 500.000 a nivel nacional).
Ante dicha situación, en primera instancia el gobierno comenzó a ser cercado puesto que el movimiento estudiantil se radicalizó en la profundidad de sus demandas como en sus formas de movilización, concitó amplio apoyo por parte de la sociedad (80% aproximadamente) e instaló el tema del fin del lucro, la gratuidad y el endeudamiento con fuerza en el sentido común de millones de chilenos, víctimas de los estragos del modelo neoliberal de educación basado en la privatización, en el endeudamiento familiar y la focalización de las ayudas estudiantiles a través del sector financiero en las capas populares.
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En un segundo momento, el movimiento estudiantil comenzó a constituirse como un movimiento de masas que superó los límites sectoriales (lo estrictamente educativo) y comenzó a instalarse como un movimiento social transversal. Esto en la medida que sus objetivos no sólo se direccionaron al aparato ejecutivo, sino que a los fundamentos de reproductibilidad del modelo neoliberal a través de las exigencias de la re-nacionalización de los recursos naturales, la reforma tributaria y la modificación constitucional al derecho a la educación, lo que permitió tensionar la institucionalidad vigente (la Constitución y el sistema democrático) y, a su vez, profundizar la deslegitimación del modelo de dominación neoliberal, sus aparatos hegemónicos y la clase política en su conjunto.
El conflicto no se hizo esperar y esto gatilló la salida del ex Ministro de Educación Joaquín Lavín, el cuestionamiento a la estrategia del gobierno de Piñera de imponer el modelo gestión empresarial a los asuntos políticos, mediáticamente conocido como el “gobierno de los mejores” (gobiernos de los tecnócratas) y un nuevo anuncio presidencial (El nuevo G.A.N.E.). Pese a aquello, el movimiento no se da por vencido y se moviliza nuevamente suscitándose el llamado a movilización del 4 de agosto que recorrió la prensa internacional conocido como el “4-A o invierno chileno”, que debido a la prohibición de marchar y la represión policial ordenadas por el Ministerio del Interior, concluyó en una jornada de violentas protestas que copó con cacerolazos y barricadas todo el centro de Santiago y siete comunas, arrojando como balance millonarias pérdidas y la quema de una multitienda La Polar, anticipando un nuevo período en la movilización de masas. Escenario que se repitió a lo largo del país.
El conflicto estudiantil tras la paralización del 24 y 25 de Agosto convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las fuertes jornadas de violencia política popular que paralizaron al país, el asesinato de Manuel Gutiérrez, la permanencia de la masividad en las calles y la intransigencia de los estudiantes apostó a instalar un escenario de conflictividad directa entre el ejecutivo y el movimiento social. Ante ese escenario y la persistencia y agudización de la protesta social, el ejecutivo finalmente sede y pese a la molestia del Ministro de Educación (Bulnes), Piñera cita a una mesa de diálogo el 2 de septiembre para comenzar a destrabar el conflicto.
Cabe destacar que es la primera vez desde la vuelta de la democracia que un movimiento social a través de la movilización directa logra sentarse a dialogar con el Presidente, el Ministro de Hacienda y el de Educación. Sin embargo, las tensiones internas del movimiento favorecieron la pérdida de iniciativa política, desviando el foco de lo reivindicativo (demandas centrales y pisos mínimos de negociación) a condiciones mínimas para un diálogo (actas públicas de las negociaciones, detener la agenda legislativa, poner fin efectivo al lucro y tratar la gratuidad), perdiendo fuerza interna, desapareciendo en las semanas del 2 al 20 de septiembre de la opinión pública, desgastándose y terminando presionado por el cierre de semestre y el temor a la pérdida de los beneficios estudiantiles. En ese momento, el reflujo claramente comenzó.
Ante aquel retroceso, el ejecutivo tomó la iniciativa y diseñó una mesa de negociación para que se quebrara culpabilizando a los sectores intransigentes del movimiento, y generando un nuevo escenario propicio para re-tomar la iniciativa política al trasladar el conflicto estudiantil al parlamento, convocar una mesa de expertos y apostar a desmoralizar al movimiento con la vuelta de clases. Si bien el movimiento social por su parte avanzó en ampliar sus bases de apoyo convocando a intelectuales y desarrollando programas políticos más claros y propuestas técnicas que sustentasen las posiciones del movimiento, no pudo traducir su apoyo social y su fuerza en las calles en una alternativa de poder contra hegemónica que efectivamente tensionase las relaciones de poder y, ante aquella planificación de escenario y la ausencia de una alternativa política anticapitalista eficaz y que pueda disputar la hegemonía del movimiento, éste terminó apostando por buscar consenso en el bloque de poder para frenar momentáneamente la agenda neoliberal en el Parlamento.
Cuestión que claramente no sucedió, puesto que ante la falta claridad estratégica en la conducción del movimiento estudiantil, la falta de experiencia organizativa y de lucha, las tensiones internas del mismo movimiento y la desviación del foco de relevancia hacia los conflictos internos, dejó un margen de maniobra gigantesco para que el ejecutivo condujera e instalar la agenda de mayo y lo peor, apastase a capitalizar el descontento generado hacia la institucionalidad proponiendo proyectos de ley que se hacen cargo de manera superficial de las demandas laterales (pero estratégicas) del movimiento: reforma tributaria, reformulación al sistema de partidos y electoral, y reforma educativa.
Ante aquel escenario, el balance que podemos realizar y a pesar de todos las limitaciones señalas, es positivo. Esta coyuntura de movilización que se cierra será sin duda alguna un hito importantísimo en las proyección del movimiento para los próximos años. La perspectiva que dotará la movilización en gran medida estará signada por un nuevo escenario interno en la construcción del movimiento estudiantil: las elecciones de federaciones y los distintos procesos de fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles.
Este año, las elecciones de federaciones tendrán una importancia estratégica para el reacomodo de las fuerzas políticas tradicionales. Desde la plenaria del comité central del Partido Socialista (17/diciembre), de las tesis del último Congreso del PC, en la intentona en agosto de Carolina Tohá y en las resoluciones del PRSD, se escucha con fuerza la necesidad de avanzar en la constitución de un “frente amplio de oposición”, entre las fuerzas de izquierda de la Concertación y todos los sectores progresistas del país (Partido Humanista, PRO, MAS, PAIZ). Para el reformismo, la disputa por la dirección del movimiento es fundamental puesto que se expresa en capital político acumulable que le permite constituirse como el pivote en lo social a la Concertación y, al mismo tiempo, tensar negociaciones en el pacto político instrumental para las municipales del 2012 y con miras a las presidenciales del 2013. Quien conduzca el carácter de las reformas a implementar por la clase política, apostará a capitalizar el creciente descontento de los chilenos por el sistema educativo y el modelo de dominación en su conjunto.
Esta “vuelta a lo social” en lo vinculado a la relevancia de las elecciones de las federaciones estudiantiles, no sólo se expresa en la Concertación, sino que también la Derecha ha apostado con fuerza. El reciente cónclave en el que participó Larraín y 14 representantes estudiantiles de todo el país, también nos da señales de la importancia que hoy en día tiene el movimiento estudiantil y la Derecha bien lo sabe.
Por su parte, la tarea de los sectores revolucionarios hoy a nivel estudiantil pasa por poder consolidar este proceso en cuatro niveles interdependientes. a) Dar un proceso de convergencia en plataformas amplias, de clase y anticapitalistas, que permita a la izquierda revolucionaria re-encontrarse, debatir y avanzar en unidad hacia la construcción de los objetivos para el período a través de la construcción de una matriz política-revolucionaria, que le permita sostener la disputa por la conducción del movimiento. b) Por otra parte, es necesario avanzar en el fortalecimiento de la organización estudiantil, la democratización y socialización de la toma de decisiones y ampliación de la CONFECH a todas las universidades cuyas federaciones hayan sido electas democráticamente. c) Construir el Proyecto Educativo del Pueblo con todos los actores sociales. d) Instalar a nivel social la necesidad de entender la lucha como una apuesta permanente, cotidiana y proyectable en el tiempo con miras al fortalecimiento del poder estudiantil y la articulación con el movimiento popular.
por Maximiliano, Zeguel y Gutiérrez
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