Durante los últimos meses los estudiantes hemos sido testigos de cómo se ha llevado adelante una intensa campaña de represión selectiva como represalia luego de las movilizaciones del año 2011.
A pesar de las promesas del ex ministro Lavín de asegurar el derecho a generar organizaciones propias, son innumerables los casos de estudiantes hostigados y perseguidos por levantar centros de estudiantes, federaciones, o siquiera por intentar desarrollar un debate político en sus espacios educativos.
A pesar de las promesas del ex ministro Lavín de asegurar el derecho a generar organizaciones propias, son innumerables los casos de estudiantes hostigados y perseguidos por levantar centros de estudiantes, federaciones, o siquiera por intentar desarrollar un debate político en sus espacios educativos.
El año pasado el compañero Recaredo Galvez, entonces secretario general de la FEC, fue víctima de un montaje policial, estuvo encarcelado y actualmente su proceso continúa mientras se desempeña como presidente de la misma federación. De la misma forma, cientos de estudiantes secundarios perdieron sus matrículas y muchos profesores perdieron sus trabajos como represalia por su participación en las históricas movilizaciones. Si bien los juzgados han forzado la reintegración de muchos estudiantes, quedan alrededor de 65 secundarios que aún no pueden hacer cumplir su derecho a estudiar.
Este 2012 hemos visto también casos de represión que son preocupantes. En Valparaíso el estudiante de la UPLA Pedro Quezada, lleva varias semanas encarcelado mientras sus abogados defensores y su familia acusan un montaje en contra de quien ha participado activamente de las luchas por la educación desde el 2006. El dirigente mapuche José Ancalao ha sufrido amenazas y actualmente tiene una orden de detención por no presentarse a una audiencia debido a que tiene un juicio por la toma de la intendencia de Temuco en el aniversario de la muerte de Matías Catrileo, cuando él asegura no haber participado de dicha acción. Finalmente, esta semana el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Bernardo O’higgins, renunció a su cargo debido a las presiones y al hostigamiento que ha sufrido de parte de las autoridades de la UBO, no han tenido apoyo económico de la U, no les prestan salas y los han criticado por integrarse a la Confech.
Estos casos dan cuenta de la realidad que viven miles de estudiantes de educación superior en Chile, no sólo en las instituciones del Cruch, sino que sobre todo en las Universidades Privadas, en los Centros de Formación Técnica y en los Institutos Profesionales. En el Inacap, los estudiantes agrupados en la “Coordinadora de estudiantes Inacap Santiago Sur” han sufrido un sinnúmero de trabas, actitudes represivas y restricciones al desarrollo de sus actividades, en una clara muestra de temor a la organización y discusión de los estudiantes, y de igual forma en muchas otras instituciones.
El Estado y las autoridades de las instituciones educacionales intentan por todos los medios impedir que avance la politización de los estudiantes, su organización y su movilización, sobre todo entre los que asisten a universidades privadas, CFTs e IP, que agrupan a grandes franjas provenientes de sectores vulnerables y que precisamente son de la clase trabajadora.
La Represión trasciende el movimiento estudiantil, es una táctica política que amedrenta hoy las luchas sociales en general. Bien lo pudimos evidenciar en Aysén, donde centenares de Fuerzas Especiales desembarcaron junto con Guanacos y dieron paso a uno de los mayores enfrentamientos civiles vistos últimamente, que terminó, gracias a la organización colectiva del pueblo Aysenino y su claridad política, en un desenlace favorable para sus condiciones de vida.
También está el caso del despido de 200 trabajadores del SINTEC por parte de la constructora BELFI en Punta Arenas en el marco de una huelga indefinida, o más cerca aun ha sido la represión a los trabajadores de Tottus que hicieron efectiva su huelga, donde en 3 días de movilizaciones fueron detenidos más de cien trabajadores. El caso de Jumbo es ejemplificador, ya que en su primera huelga las fuerzas especiales de carabineros actuaron con violencia inusitada en el local de Bilbao, protegiendo los intereses de la elite empresarial por sobre los derechos de los trabajadores. Finalmente podemos evidenciar la represión hacia los profesores que apoyaron las movilizaciones estudiantiles tanto en establecimientos privados como públicos, y que son una muestra fehaciente de la criminalización por parte del Estado y de sus aparatos represores, de las luchas populares por alcanzar una sociedad más justa.
El movimiento estudiantil y popular tiene el deber de enfrentar esta política de amedrentamiento contra el pueblo organizado, entendiendo que no es viable ninguna posibilidad de avanzar en nuestras reivindicaciones si no es con unidad, solidaridad y con organización.
¡¡¡ ARRIBA LAS Y LOS QUE LUCHAN!!!
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