Omar
Hermosilla, cuando salió del tribunal se dirigió a algunos medios para
decir que no sabe bien si se interpondrán querella en contra del
Ministerio del Interior y de la Fiscalía Nacional, dado que aún es muy
pronto para tomar una decisión de ese tipo y se requiere estudiarlo
bien, junto a su abogado, Rodrigo Román.
Hermosilla,
además, protagonizó un incidente en el que declinó seguir dando
declaraciones mientras el equipo periodístico de TVN estuviera ahí. “A
ustedes no les doy declaraciones”, dijo el ex imputado del Caso Bombas,
quien tuvo que pasar una temporada en la cárcel.
“Primero
ustedes tienen que pedir perdón por lo que hicieron con Informe
Especial”, haciendo referencia al programa del canal público en que
presentaron como culpables a todas las personas que fueron atrapadas el
14 de agosto de 2010, usando imágenes de las policías, cuando por orden
del entonces Fiscal Alejandro Peña, se le acusó a él y a otras 14
personas de ser responsables por la colocación de las bombas que
estallaron en Santiago desde 2005.
Hermosilla,
junto a las demás personas acusadas, protagonizaron una huelga de
hambre y acusaron torturas para realizar pruebas de ADN, que fue
constatado por diversos organismos de derechos humanos en marzo de 2011.
El
veredicto de los jueces Carlos Carrillo, Marcela Sandoval y Blanca
Rojas fue unánime y se recibió con vítores y aplausos en el Centro de
Justicia, el día de hoy –viernes 1 de junio de 2012.
Rodrigo
Hinzpeter, Ministro del Interior y Seguridad Pública, manifestó -al
enterarse del dictamen de la Justicia-, que aún está pendiente en este
caso saber quiénes son los culpables de la colocación de los artefactos
explosivos. Declaración redundante y obvia, dado que las personas que
desde su cartera fueron tratadas como delincuentes de la peor calaña,
violando incluso sus derechos, han sido absueltas de las acusaciones que
él dio como ciertas sin que se probara la culpabilidad de nadie.
Por
otro lado, el ex Fiscal Alejandro Peña, sigue siendo el foco de las
críticas de las personas que rodean a familiares y amigos de los
acusados y acusadas, dado que fue quien dirigió la llamada operación
Salamandra, que encarceló a 14 personas, que en su totalidad quedaron
libres de toda imputación.
Las costas
del proceso, que llevó casi dos años, en parte ya han sido endosados al
Ejecutivo y el Ministerio Público, cuando salieron libres otros ocho de
los imputados hace unos meses. Ahora, la Justicia deberá pronunciarse
en la misma línea. Millonairos gastos que salen del bolsillo de toda la
ciudadanía.
Otro gran perdedor dentro
del proceso es el Ministerio Público, al cual le fueron desestimadas
más de la mitad de las 7 mil pruebas que pretendía presentar, y que, a
juicio de los abogados defensores, demuestra la desprolijidad de los
fiscales y de la falta de profesionalismo de estos abogados de la
Fiscalía Nacional.
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