Resulta preocupante que los trabajadores tengan una voz tan débil en el debate público sobre temas económicos y sociales tales como el salario mínimo, el costo de la vida o incluso las políticas económicas para el Desarrollo, pero lo es más aún que se utilice su nombre para validar leyes que no representan sus intereses.
Al día siguiente de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo se discutía en la Comisión de Trabajo del Senado sobre el multirut, un proyecto que ha sido presentado por ciertos grupos como una importante reforma laboral, especialmente el gobierno.
Recordemos que este tema causó cierto revuelo hace algunos años al conocerse la estrategia de subdivisión empresarial que utilizaban las grandes cadenas del Retail: existían 94 razones sociales en Falabella, 57 en Ripley y 127 en Lider, por ejemplo. Con una negociación colectiva encerrada en la empresa es fácil conectar este hecho con los pobrísimos resultados que se han obtenido en promedio durante los últimos años, no superando el 1% anual en reajustes salariales.
En esta ocasión, invitados por la presidenta de la Comisión, asistieron destacados académicos laboralistas quienes refutaron el proyecto de multirut del gobierno y sus indicaciones, tanto en la forma como en el fondo. Señalaron que no significaba ningún avance para los trabajadores e incluso podría significar un retroceso en el criterio usado en tribunales, donde los jueces estaban reconociendo el derecho de asociación y de negociación de trabajadores de una misma unidad económica, a pesar de que hubiera varias individualidades jurídicas (o RUT). Entonces, en vez de ayudar a solucionar el problema, lo complicaba aún más.
Se encontraba también el gobierno, representado por el Subsecretario y un asesor, aunque su participación se redujo a escuchar los argumentos que lanzaban los laboralistas. También asistieron 2 miembros de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Quienes no estaban en esta oportunidad, eran los trabajadores. Pero cuál sería la sorpresa al constatar que eran los mismos representantes de los empresarios quienes los hacían presentes, en alusión al reciente acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores. En sus palabras, el proyecto y sus indicaciones iban en la línea de lo que había sido consensuado a través del Dialogo Social con la organización sindical, dándole un sustento desde los “actores laborales” involucrados.
¿Cómo era posible que los trabajadores figuraran nominalmente apoyando un proyecto que, en la práctica, no significaría mejoras sustantivas para su situación?.
Por un lado, resulta preocupante que los trabajadores tengan una voz tan débil en el debate público sobre temas económicos y sociales tales como el salario mínimo, el costo de la vida o incluso las políticas económicas para el Desarrollo, pero lo es más aún que se utilice su nombre para validar leyes que no representan sus intereses.
En esa cita, los abogados pusieron el acento que este proyecto no pasaría de ser un parche para un abuso que no es sino la punta del Iceberg de los problemas en el mundo del trabajo. Sin organizaciones sindicales fuertes, que negocien por fuera de la empresa y que dispongan de un derecho amplio a huelga, nada cambiará. Hoy menos del 14% de los trabajadores se encuentra organizado y sólo uno de cada 10 puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. Por esto, si no se toca estructuralmente el modelo de relaciones laborales, el publicitado proyecto de multirut tendrá, en el mejor de los casos, un efecto menor.
El Diálogo Social, para que se desarrolle plenamente y tal como lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo, requiere que los actores estén representados por organizaciones que se planteen a la par y que negocien en condiciones de fuerza más o menos equivalentes. Hoy esto no es posible por la enorme deuda con los trabajadores que dejaron los gobiernos de la Concertación.
Por esto, más allá del marco normativo imperante, es crucial que el movimiento sindical tome en serio su rol de representación de los intereses de los trabajadores, ampliando la democracia interna, generando un trabajo de base para identificar los problemas prioritarios, fundamentando sus propuestas y comunicando efectivamente a sus bases y a la sociedad en su conjunto.
Nadie sabe para quién trabaja; en el multirut, los trabajadores están siendo usados para fundamentar los puntos de vista de los empresarios.
Esta paradójica escena se vuelve a repetir durante estos días cuando la Ministra Matthei señaló que la adaptabilidad pactada era una “excelente” idea de la CUT y la CPC, por lo que enviarán durante el año un proyecto sobre la materia.
Así, es posible que este acuerdo sea utilizado cada cierto tiempo en los medios para validar las propuestas de los empresarios, a menos que seamos capaces de construir una verdadera agenda desde el mundo del trabajo con otros énfasis y propuestas, ampliando siempre el debate y desconfiando de estos pactos a puertas cerradas.
Valentina Doniez
FUNDACIÓN SOL
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