Los técnicos: esa otra educación en crisis
Durante los últimos años mucho se ha dicho sobre educación, especialmente luego de las grandes manifestaciones de secundarios y universitarios que han tensionado y puesto en cuestión los pilares de la educación de mercado. Sin embargo, un tema fundamental ha ido quedando de lado de los debates, petitorios y discusiones políticas: la educación técnica superior.
Actualmente son 4 las instituciones que reúnen a la mayoría de los estudiantes del sistema técnico: el INACAP, el AIEP, el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica “Santo Tomás” y el DUOC-UC, existiendo a la par gran número de pequeñas instituciones con un nivel menor de estudiantes. Estas 4 tienen en común el estar ligados al empresariado nacional, ser instituciones privadas con grandes matrículas, y que por ley pueden lucrar con la educación –a diferencia, supuestamente, de las universidades-, en un contexto en el que el Estado se desligó totalmente de esta área.
Actualmente son 4 las instituciones que reúnen a la mayoría de los estudiantes del sistema técnico: el INACAP, el AIEP, el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica “Santo Tomás” y el DUOC-UC, existiendo a la par gran número de pequeñas instituciones con un nivel menor de estudiantes. Estas 4 tienen en común el estar ligados al empresariado nacional, ser instituciones privadas con grandes matrículas, y que por ley pueden lucrar con la educación –a diferencia, supuestamente, de las universidades-, en un contexto en el que el Estado se desligó totalmente de esta área.
El caso emblemático de este abandono de la educación técnica por parte del Estado es el INACAP, antiguo “Instituto Nacional de Capacitación”, administrado hoy por la Confederación de la Producción y el Comercio, la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social y SERCOTEC. En otras palabras, el empresariado nacional, a través de sus organizaciones gremiales, tiene hoy la facultad de lucrar con la educación técnica superior, controla completamente la oferta ya que no existe una alternativa que no sea privada, y además no tiene ninguna regulación a la hora de implementar planes de estudio a la medida de sus necesidades.
Es por esto que no deja de ser importante el número de estudiantes de estas instituciones que participaron activamente de las movilizaciones del 2011, y de los incipientes procesos de organización interna que se están desarrollando en esos establecimientos a pesar de la continua represión que existe en contra de cualquier atisbo de discusión política.
Bien lo saben en la sede Santiago sur del INACAP, en donde las autoridades niegan sistemáticamente permisos para realizar actividades, utilización de salas para reuniones, y han afirmado explícitamente que perseguirán a quienes intenten levantar centros de estudiantes –hoy inexistentes en la institución de educación superior más grande del país-, e incluso, plantear temáticas políticas para discutir. Pareciera ser que es precisamente este último punto es el que más pone nerviosos a las autoridades en cuestión. Considerando que a diferencia de las universidades, en los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales asisten masivamente estudiantes provenientes de los sectores populares, la posibilidad de generar discusiones políticas en esos espacios podría poner en peligro los niveles de ganancias que representan para sus dueños.
Actualmente la educación en los CFT e IP pareciera apuntar directamente a solventar las necesidades del aparato productivo –cosa que no es extraña entendiendo que son los mismos empresarios los dueños de estas instituciones- y maximizar las ganancias de los grupos económicos detrás de la inversión. No existen atisbos mínimos de un plan de desarrollo nacional, ni mucho menos hay a nivel curricular materias básicas para trabajadores técnicos como la enseñanza de nociones mínimas de legislación laboral y educación sindical. Para qué hablar de las condiciones laborales de los mismos académicos, quienes se encuentran masivamente a contrata o boleteando.
Ante una realidad clara como esta, cobran aún más relevancia las demandas sobre el fin del lucro; democratización interna; aseguramiento del derecho a la organización de estudiantes, funcionarios y académicos; educación pública, gratuita y de calidad; y de manera paralela, la construcción de un proyecto educativo al servicio de las necesidades del pueblo.
No basta con tener una educación universitaria pública, gratuita y popular, si la educación técnica, aquella a la que asisten masivamente los sectores populares, continúa en el actual estado de abandono. La educación técnica no puede ser una mera herramienta del empresariado para generar trabajadores a su medida, mientras ganan dinero con lo que debería ser un derecho social garantizado.
La conquista de espacios de disputa al interior de las instituciones educativas nos permitirá ir generando las condiciones necesarias para poder instalar estos debates en las diferentes universidades, CFT e IP, entendiendo que no es posible comprender un país con educación pública coherente, sino incorpora un sistema técnico público y nacional que esté funcionando acorde a las necesidades de las mayorías. La demanda, cada vez más sentida entre los estudiantes, de la nacionalización del INACAP y la generación de espacios de cogobierno interno, es un horizonte de lucha que se encuentra al alcance de la organización estudiantil.
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