Las movilizaciones por una
educación pública, gratuita, de calidad y al servicio del pueblo volvieron a
instalar en el debate social la cuestión del control sobre los recursos
estratégicos de nuestro país, que podrían financiar un desarrollo inclusivo y
altos niveles de bienestar para las grandes mayorías de Chile.
El cobre, “el sueldo de Chile”,
actualmente está controlado en un 70% por grandes empresas. El margen de
maniobra de la corporación estatal, Codelco, es pequeño. La obligación de
entregar al Estado el total de sus utilidades y la consiguiente obligación que
pesa sobre ella de endeudarse para efectuar inversiones productivas la coloca
en una situación de desventaja frente a los operadores privados, que acaparan
mediante las llamadas “concesiones” los mejores yacimientos.
Ayuda poco a revertir esa
tendencia la actitud de sus gestores. El vergonzoso acuerdo entre Anglo
American y Codelco por la ex Disputada de Las Condes y el regreso por la puerta
grande de Diego Hernández, el hasta ahora presidente de Codelco, al sector
privado del cual provenía (concretamente al gigante Antofagasta Minerals del
grupo Luksic) son solo una pequeña muestra de su servilismo hacia el gran capital
minero. No defienden con la debida diligencia los intereses generales porque su
perspectiva es hacer carrera en las grandes empresas y ser partícipes de sus
negocios: Codelco es sólo una plataforma de despegue hacia otros rumbos y para
seguir escalando.
Claro que todo ello lo promueve y
facilita la actual legislación minera y la participación activa de personeros
de la Alianza y de la Concertación en la defensa del actual modelo.
La tónica de reversión del
histórico acuerdo de 1971 por el cual se nacionalizó el cobre, comenzada en Dictadura
y profundizada en los gobiernos de la Concertación, continúa. No sólo en lo
relativo al cobre, sino también a otros sectores estratégicos de nuestra
economía.
La aparente negligencia en la
gestión de Codelco no es tal, por el contrario se trata de una orientación bien
clara, la misma que existe en otros rubros económicos: favorecer el negocio
privado mediante la desinversión y el deterioro planificado del sector público.
La actual administración de
Piñera ni siquiera disimula su orientación neoliberal y pro-gran empresa como lo
hacía la Concertación. Un ejemplo claro de la nula identificación de este
gobierno empresarial con los intereses generales es su actitud frente al litio.
El litio es uno de los minerales con más proyección de cara al futuro. Se
emplea en cada vez más usos industriales, entre ellos en la producción química,
en la fabricación de medicamentos o en las baterías eléctricas. Su demanda, así
como su precio, está en constante ascenso desde hace años, y Chile cuenta con el
40% de las reservas mundiales de este preciado mineral. En vez de tratarlo con
el debido tacto, habida cuenta de su importancia presente y futura, se remata a
precio de saldo concesionándolo a largo plazo a privados, a cambio de unas
migajas (un 7% de royalty por las ventas). No extraña por tanto que las
multinacionales mineras estén relamiéndose ante este pastel que se les está
ofreciendo. La figura del Contrato Especial de Operación para la Exploración,
Explotación y Beneficios de Yacimientos de Litio es una forma de violar la
Constitución, que considera este mineral estratégico y por tanto establece
fuertes restricciones a su concesión. No es la primera vez, sin embargo, que se
hace esto: en el sector minero es norma y no excepción. No basta con el interés
manifestado por los gestores de Codelco de hacerse cargo de una parte de la
explotación del litio, quienes ya tienen poca credibilidad, a la vista de la
historia reciente, con sus declaraciones de que no se está avanzando hacia el
desmantelamiento de la corporación estatal.
Hay que tomar el peso al asunto
y asumir que no va a ser el directorio de Codelco ni las actuales dirigencias
políticas, ligadas a los intereses del gran capital, quienes tomen en sus manos
la defensa del cobre, del litio y del resto de riquezas del país. Será la
presión del pueblo organizado la que les obligue a hacerlo o los barra del
camino si se niegan a ello. Los trabajadores, tanto de planta como
contratistas, de las áreas estratégicas de la economía, tienen un rol muy
importante que jugar en este sentido, pero es clave que cuenten con la
solidaridad y la movilización de otros sectores, que esa demanda sea levantada
como bandera por todas las organizaciones populares.
Tenemos que ser conscientes de
que nos falta mucho camino por recorrer. La lucha por la soberanía sobre
nuestros recursos naturales y por la construcción de nuestra efectiva
independencia es una carrera de fondo en la cual, respecto a otros países
sudamericanos, vamos con retraso. Mientras en el continente se avanza en
agendas desprivatizadoras y se acelera la integración regional, Chile va a
contravía de esta tendencia y sigue regalando sus riquezas, ampliando la brecha
entre ricos y pobres (el país real sigue estando lejos del país oficial que
tratan de vendernos encuestas mentirosas como la CASEN), y privilegiando la
relación desigual y subordinada con el capital financiero transnacional en vez
de una relación fraterna y de cooperación con los países de nuestra región.
Sueldos al límite de la
subsistencia, salud mercenaria, educación elitista, pensiones de vergüenza para
nuestros mayores, transporte caro y degradado, escasez de vivienda asequible,
endeudamiento creciente; eso es lo que vivimos cotidianamente mientras bajo
nuestros pies se agolpa la riqueza y unos pocos se lucran con ella. Si queremos
que Chile deje de ser paraíso para una minoría y penurias para la mayoría, es
necesario avanzar en la recuperación del control sobre nuestra riqueza y
ponerla al servicio del pueblo chileno. La lucha por la renacionalización del
cobre y de otros recursos naturales es clave para el desarrollo social del país.
Manu García
Publicado en el nº13 del periódico comunista libertario "Solidaridad"
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