El conflicto histórico entre los Mapuche y el Estado
chileno
Durante los últimos
meses, la “opinión pública” ha vuelto a poner sus ojos en la “zona roja” del
conflicto Mapuche. Nuevamente hemos presenciado en los noticieros las imágenes
de niños y niñas baleados por perdigones provenientes de armas policiales,
mujeres y viejos apaleados brutalmente, tomas y ocupaciones de fundos de
grandes latifundistas, camiones y maquinarias de propiedad forestal envueltos
en llamas y el trasladado de cada vez más efectivos policiales a una zona que
hace bastante tiempo ya se encuentra militarizada.
La lucha por la
libertad enarbolada por el Pueblo Mapuche ha sido impulsada por cada
generación, siglo tras siglo, desde la llegada del español a sus tierras. En
1641 la corona española reconoció en el pacto de Quilín la inviolabilidad del territorio y la
autodeterminación mapuche al sur del Río Bío-Bío, lo que fue ratificado en el
Parlamento General de Negrete en 1803. Posteriormente, la naciente República
chilena estableció en el Tratado de Tapihue que no violaría esta frontera. Sin
embargo, el Estado chileno traicionaría este acuerdo, aludiendo a la necesidad
de incorporar el territorio para el desarrollo agrícola del país, llevando
adelante una sangrienta guerra de ocupación que se denominaría eufemísticamente
en los libros de historia oficial como “La pacificación de la Araucanía”
(1862-1833). De ahí en adelante, todo sería engaño y despojo; los mapuche
serían radicados en pequeñas reducciones de tierra, que no abarcaban ni
siquiera un 5% de su territorio original.
Con la Ley de
Reforma Agraria 16.640 (1967), dictada por la “Revolución en Libertad” del gobierno
de Eduardo Frei Montalba, se inició un incipiente proceso de recuperación de
tierras y de mejoras paulatinas de la situación de pobreza de las y los
mapuche, que se profundizaría en el gobierno de la Unidad Popular, en donde
fueron restituidas cerca de 200.000 hectáreas a las comunidades indígenas.
Todas las mejoras
alcanzadas, fueron abruptamente interrumpidas bajo la Dictadura de Pinochet. Se
puso fin al proceso de reforma agraria, se persiguió y aniquiló a los
dirigentes mapuche y se inició la expansión forestal en territorio mapuche,
reemplazando miles de hectáreas de bosque nativo por monocultivos de especies
foráneas y de rápido crecimiento como el pino insigne y el eucalipto.
Con la llegada de
la Concertación y el fin de la Dictadura, la situación no mejoró
sustancialmente. Promesas incumplidas y expectativas frustradas marcaron las
dos décadas en que los partidos de la Concertación estuvieron a cargo de
administrar el Estado. Se construyeron centrales hidroeléctricas que provocaron
el desplazamiento de varias comunidades, aumentó la pobreza, la precarización
laboral, la degradación ambiental y se persiguió y encarceló a los luchadores
sociales mapuche que no se quedaron cruzados de brazos viendo como su pueblo
era nuevamente relegado al olvido y la miseria.
Convivir con la represión en la puerta de tu casa
Las instituciones
policiales, tanto Carabineros de Chile, como la Policía de Investigaciones (PDI)
son el principal instrumento a que recurre el Estado para implementar sus
políticas represivas en el territorio Mapuche. Unidades especializadas de las
policías han sido radicadas en la zona de manera permanente, para aplacar
cualquier intento de las comunidades a reclamar sus espacios ancestrales. El
Estado a implantado una política de militarización del Wallmapu, lo que según
el Informe de Derechos Humanos 2012 elaborado
por la Comisión Ética Contra la Tortura, ha obligado a que las comunidades
mapuche “convivan” a diario con la presencia constante de agentes armados en
caminos y pueblos, y sufran en carne propia de su agresividad y prepotencia indiscriminada.
Los allanamientos brutales y continuos, que sufren las comunidades en lucha, se
han caracterizado por su desproporcionada masividad y por el uso indiscriminado
de armas de fuego contra comuneros de toda edad, incluidos niños pequeños. A
todo esto, se le suma la acción paramilitar de grupos como el “Hernán Trizano”,
que realizan “incursiones” en las comunidades más combativas, con el
beneplácito del gobierno y las fuerzas policiales.
Además, muchas
autoridades y dirigentes (lonkos y werkenes) que impulsan junto a sus
comunidades procesos de recuperación de tierras son recurrentemente
perseguidos, detenidos, amenazados, procesados y torturados, motivos
suficientes, para verse en algunos casos, en la obligación de tomar la difícil
decisión de pasar a la clandestinidad, abandonando su hogar y sus familias.
Los reclamos y las
denuncias expresadas por las comunidades, las organizaciones representativas mapuche
y los organismos de derechos humanos, como era de esperarse, nunca han hecho
eco alguno en los tribunales de justicia.
Asesinatos impunes
El asesinato de 3
jóvenes mapuche en la última década, se enmarca perfectamente en esta lógica de
erradicación del “enemigo interno” que se ha instaurado desde el Estado
chileno. Alex Lemún Saavedra (17 años), Matías Catrileo Quezada (22 años) y
Jaime Mendoza Collío (24 años), son los hasta el momento los tres weichafe
abatidos por balas policiales en medio de ocupaciones de distintos fundos. La
impunidad con que actúan las fuerzas represivas, es por lo menos preocupante;
en ninguno de los tres casos los responsables materiales han pagado con prisión
su crimen; la decisión de la Corte Suprema de cerrar definitivamente en
Diciembre pasado el proceso por la muerte de Matías Catrileo y la absolución de
Patricio Jara Muñoz, efectivo del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales
Especiales) autor de los disparos que le quitaron la vida a Mendoza Collío, son
una clara muestra de la parcialidad de la justicia en Chile.
La criminalización de la lucha y la prisión política
mapuche
El Estado chileno
para impulsar la criminalización y encarcelación de los grupos mapuche que han
asumido la tarea de reconstruir su identidad, cosmovisión y recuperar lo que
les pertenece como pueblo, ha tenido un aliado fundamental: “La Ley
Antiterrorista”. Ley promulgada por la Dictadura para acabar con la disidencia,
ha sido el arma principal de la que se han dotado fiscales para dar un
“tratamiento excepcional” y “castigos ejemplares” a los comuneros que han participado
activamente de los procesos de lucha. Esta Ley puede extender por largos plazos
el período de investigación y el juicio mismo, y aumenta desmesuradamente las
condenas. Además, se han utilizado sistemáticamente en los juicios la
declaración de “testigos sin rostro” y la implementación de delaciones
compensadas. De esta manera, centenares de Mapuche han sido procesados y otros
tantos han pasado a poblar los penales de la Araucanía.
Todo lo anterior,
se complementa con una fuerte campaña comunicacional, que en complicidad con
los grandes medios, crea un clima de inseguridad y condena de antemano a las
comunidades de hechos de violencia de dudosa procedencia. Ejemplo de esto,
fueron las acusaciones hacía los Mapuche lanzadas por el Gobierno respecto a
los incendios forestales producidos en la localidad de Carahue en enero de este
año, así como también el “montaje” en la muerte
del sargento de carabineros Hugo Albornoz en un allanamiento en la
Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu, que fue víctima de “fuego amigo”, o la
afirmación de que los comuneros ocupan como “escudo humano” a sus niños o
niñas.
Así, están las
cosas en el territorio ancestral mapuche. Sin embargo, a pesar de este
panorama, las y los mapuche, siguen dignamente levantando la frente,
recuperando su tierra y reconstruyendo su pueblo, cosmovisión e identidad.
Espartaco Gatti
Publicado en el nº13 del periódico comunista libertario "Solidaridad"
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