Pescadores se enfrentan a la policía en la Octava Región [Especial Gráfico y documental]

[Escrito por www.resumen.cl / Fotografias tomadas por Camila Lasalle]


Este lunes y martes los pescadores de Lota, Coronel, Talcahuano y Tumbes han estado en movilización. El lunes acudieron hasta la intendencia del Bío Bío a entregar al titular Victor Lobos, un conjunto de 17 indicaciones a la ley de pesca que el Gobierno intenta aprobar lo antes posible y este martes han hecho barricadas en la caleta Lo Rojas de Coronel, al tiempo en que sus indicaciones son falsamente discutidas en el Senado, pues gran parte de los legisladores ha optado por mantenerse obsecuente a la voluntad de las empresas y el Gobierno de aprobar cuanto antes la ley de pesca.
Los pescadores plantearon que esta ley, que reemplazará a la que está vigente hasta el último día de este 2012, los hace desaparecer como tal, pues concentra de manera grosera el acceso a la pesca; “quieren borrarnos del mapa”, afirmó un pescador.
La historia de la legislación pesquera es la de una normativa que, en la medida que se ha acrecentado la escasez de peces en el mar, ha ido excluyendo a los actores de menor poder económico, asegurando al participación de un exclusivo grupo de empresarios; “las familias”. En el caso de la nueva ley de pesca que hoy se aprueba, la marginación de pescadores artesanales, trabajadores pesqueros e incluso pequeños y medianos empresarios es grosera, pero también constituye la completa pérdida de la supuesta soberanía que los chilenos, supuestamente tienen sobre su territorio y recursos. Al perder el control sobre su entorno, las comundades pierden también posibilidades de subsistencia.

La nueva ley establece la entrega indefinida y gratuita de las cuotas de pesca que hoy tienen las familias que controlan el 80% de la pesca en el mar chileno. Estas cuotas serán divisibles, transferibles, trasmisibles y sujetas a cualquier tipo de negocio jurídico. Concretamente, si la pesquera Orizon, controlada principalmente por la familia Angelini, tiene un 20% de la cuota de captura de la sardina común, con la ley, esta proporción de la pesca, será de su propiedad, pudiendo hacer lo que estimen con ella.
Pablo Longueira, Ministro de Economía, intenta nublar lo aberrante de esto diciendo que también habrá una tipo de licencia de pesca que será renovada anualmente, llamadas “clase C”. Estas entrarán en operación cuando se extraiga un 15% menos del límite máximo de rendimiento estimado, lo que dificilmente se conseguirá considerando que muchas veces las pesqueras no logran pescar la totalidad de las cuotas que están reservadas para ellos, sencillamente porque no hay más peces. Por ejemplo, respecto a la pescad jurel, el 2010 se fijaron 1.300.000 toneladas de cuota de captura, pero los desembarques sólo fueron de 370.000 toneladas. Es decir, se registró una pesca de menos del tercio de la permitida por el Estado, por que sencillamente no había más jurel en el mar.
En síntesis, la nueva ley asegura que las grandes empresas se queden con el derecho a pescar los escasos peces que quedan en el mar, sin que haya ningún tipo de regulación que asegure la conservación y la recuperación de las pesquerías.
Los pescadores se retiraron a sus caletas y ciudades, afirmando que seguirán en estado de alerta, ante una ley que amenaza su existencia como tal.

Fotos de protestas en Coronel [6 de noviembre 2012]

Documental “Mala Pesca”