Pareciera estrictamente necesario volver al 2011, como para analizar cualquier otra cosa relativa a la educación. Y no es que antes no haya pasado nada, por supuesto que el descontento, las discusiones y nuestros aprendizajes venían acumulándose durante toda la década. Pero la visión global de un proyecto educativo, ya no movilizándonos por demandas particulares, sino por una transformación profunda al modelo de educación, recién tuvo real cabida el 2011, y esa visión global, por supuesto, significó también el cuestionarse quien construía esta educación y las relaciones de poder que se establecían dentro del sistema educativo. Este cuestionamiento nos llevó a concentrarnos en las trabas que significaban los artículos del DFL-2 para la participación de estudiantes y trabajadores no académicos en la toma de decisiones y gestión universitaria. También, no demoramos en darnos cuenta que la democracia en la educación no era algo que pudiésemos exigir, sino que debíamos ejercerla, transformándose esta frase incluso en consigna.
Y si bien el haber entendido el concepto de proyecto educativo como la lucha completa que debíamos dar contra el modelo, significó un avance cualitativo para el movimiento estudiantil, incluso para el movimiento popular en conformación, en particular con respecto a la democratización tenemos una deuda pendiente.Esto, ya que aquellos avances en la conciencia no necesariamente han sido llevados a la práctica concreta en nuestros espacios, en virtud de superar el carácter peticionista de la demanda por democracia a través de la derogación del DFL-2, y en cambio, los avances que han habido han sido en lugares particulares, en general respondiendo a coyunturas en específico, y no hemos sabido darle un hilo conductor a la lucha por democracia a nivel nacional.
Experiencias locales: ¿espasmos o construcción real?
Aún sin una hoja de ruta, distintas expresiones nacidas de la necesidad de participación han ido explotando al pasar de los años, teniendo un buen montón de ejemplos donde podemos citar dentro de lo más reciente la Escuela República Dominicana, que fue tomada por apoderados luego de haber sido decretado su cierre y donde ellos se hicieron cargo, contra viento y marea, de seguir dictando clases bajo sus propias reglas. Por otra parte, ejemplos a nivel universitario, al menos en intención, hay varios, pero cercana a mi propia experiencia – y en particular, digna de un artículo más extenso solo para ella – está la Universidad de Concepción. Con una reforma universitaria a su haber que permitió la triestamentalidad universitaria a fines de los ’60, hoy las banderas del cogobierno son alzadas fácilmente por toda la izquierda universitaria, y más aún con rabia teniendo en cuenta el desmantelamiento de todo nuestro sector al interior de la UdeC en la dictadura, y con ello barriendo además con la democracia universitaria.
Es por esto que el 2011 con facilidad comienzan a gestarse distintas manifestaciones en facultades, como Salud, Derecho y Arquitectura y Geografía, que desde congresos y claustros comenzaron a cuestionarse el autoritarismo en sus espacios educativos. Sin embargo, salvo el avance en conciencia fueron procesos en gran medida fracasados, ya que al perderse la efervescencia los directivos pasaron fácilmente por encima de las decisiones tomadas colectivamente. Luego, el 2012, se llevó un proceso más volcado a la interna – que fue muy fácil de instalar, pero con muy poca masividad – donde además del conflicto por el alza de aranceles se hizo énfasis en la democratización, logrando mayor participación en los Consejos de Carrera con voz y voto, además de impulsarse el aún incumplido Claustro Universitario. Y es así como, al menos en este aspecto, el conflicto del 2012 para la UdeC se cerró con bastantes victorias tácticas, pero que sin embargo, carecían de una base social fuerte que hubiese peleado por ellas y que por ende las sintiera suyas. Esto es importante, situándonos ya en 2013, porque iniciamos el año con una comisión de democracia – vestigio de la movilización recién pasada – tratando de instalar a ciegas y sin resultados la lucha por la democratización. ¿Por qué? Porque no se puede ser mecánico, ni siquiera románticamente mecánico, para luchar para que la comunidad tome el control del proyecto educativo si la comunidad, simplemente, no siente la necesidad de ello. Y he aquí la conexión con la escuela República Dominicana: allí hubo necesidad, mientras que en la UdeC se trató de instalar a la fuerza. Aun así, el conflicto terminó por estallar de igual forma: a propósito del Plan Tuning (tema en el que el FeL da charla al menos desde 2008), la implementación de los convenios de desempeño del MINEDUC que ganó la universidad para reformar todas y cada una de las mallas curriculares, incluyendo acortamiento de varias carreras, ha encendido los ánimos en las últimas semanas, siendo las facultades quienes han tomado el protagonismo del proceso como debe ser: sentidamente y desde las bases.
De los sueños a la realidad: el control comunitario como propuesta estratégica para el proyecto educativo.
Aquí es donde entramos a la parte compleja. Porque de las experiencias locales, muchas veces marginales de democracia, nos saltamos al debate enorme – y hasta ahora, por las nubes – de control comunitario. Porque al parecer está de moda y existen varias interpretaciones: la ACES, MESUP, cierto sector del CONFECH, y por supuesto muchas organizaciones políticas hablan de control comunitario, pero la forma de llevarlo a la práctica, o incluso en el discurso, tiene diversas visiones. Dentro de este debate, recuerdo una vez haber preguntado: ¿el control comunitario es una propuesta táctica o estratégica? A lo que alguien me respondió de inmediato, como el mejor alumno del curso: “Táctica. La estrategia no es otra que el poder popular”. Nunca estuve de acuerdo. A mi entender, el control comunitario no es más que la comunidad organizada haciéndose cargo de su propio proyecto educativo, es decir, una expresión de poder popular: una propuesta que debemos fijar como parte del norte estratégico en el ámbito educativo, sin transarla. Y por lo mismo, debe entenderse como una construcción, no puede instalarse mecánicamente ni a rajatabla… Lo que desglosa ciertas tareas para la izquierda.
Implica, necesariamente, ir reconociendo dentro de nuestras mismas comunidades educativas aquellas tácticas que nos permitan ir avanzando, por un lado, en la capacidad de copar aquellos espacios institucionales en los que se toman decisiones, como la demanda por Consejos Escolares Resolutivos de la ACES o la mayor apertura de los Consejos de Carrera o estructuras símiles en las universidades (y por lo mismo, necesariamente la derogación del DFL-2), pero por otro lado, reconocer el techo de esta institucionalidad y avanzar en la construcción de poder en nuestros espacios, permitiendo una mayor participación en los mismos y apostando a la discusión real, política, del proyecto educativo que queremos.
Es necesario entender que la democratización – y por lo mismo, prefiero que nos atrevamos a hablar de control comunitario – implica mucho más que votar por el Rector, o tener un voto más o un voto menos en los Consejos Directivos. Implica la conformación de una fuerza social, la construcción de comunidad educativa organizada, que nos permita disputar efectivamente la orientación del Proyecto Educativo. Y esto es algo que, para bien o para mal, no podremos demandarle a nadie más que a nosotros mismos.
Escrito para el Periódico Solidaridad, Edición Julio 2013.
Escrito por Catalina Angulo
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