"Yo
le hago un llamado a la gente que se acerque y que luche por sus derechos por
que nosotros somos seres humanos y no porque seamos pobres nos van a pasar a
llevar, por eso luchen por sus derechos y por lo que quieren tener, por su
casa, por sus hijos”
Jhoana Silva, dirigenta del campamento
El
campamento existe
hace más de 20 años en Temuco y en la actualidad quienes viven en él, son
personas que por diversos motivos y en muchos casos forzosamente llegaron a habitarlo,
siendo en su mayoría, al igual que en todos los campamentos de Chile, personas
consideradas “inhábiles” por el Estado, es decir que no reúnen las condiciones
para la postulación a una vivienda, o que bien vieron en el campamento una
respuesta inmediata a una necesidad que no puede esperar, espera que suele ser
de años en los procesos de postulación a una vivienda. Además, en más de un
caso fue el mismo Estado mediante el Municipio quien ha trasladado a este lugar
a personas y familias por encontrarse en situación de “vulnerabilidad” o “de
calle”.
Una de las particularidades
del Campamento es que es de los pocos en Chile que se establece en un sector
céntrico y no periférico de la ciudad, donde la mayoría de las personas que lo
habitan tienen trabajos ligados al comercio informal o circundante a la Feria
Pinto y La Vega.
Plan de
erradicación de campamentos, mentira institucional
A nivel nacional, el
gobierno ha planteado acabar con los campamentos, implementando una deficiente
política de vivienda, cuyos logros son resumidos en cifras y que pretenden
avalar el falso discurso exitista de la “lucha contra la pobreza”. En la
práctica lo que esta política implica es una mayor inyección de recursos que
permite aumentar la cobertura de los subsidios, y donde el erradicar un
campamento no pasa necesariamente por dar una solución efectiva a la necesidad
de vivienda, sino más bien hacerlos desaparecer en el corto plazo, mediante
medidas parche como el subsidio de arriendo, a la espera de vivienda definitiva,
y donde los recursos finalmente son aprovechados por las constructoras que se
adjudican los proyectos, quienes abaratando costos construyen viviendas
precarias, deficientes a nivel estructural y ubicadas muchas veces en las
afueras de la ciudad con nula participación
de las y los pobladores. Esto además va ligado a una planificación urbana, que
responde a los intereses comerciales e inmobiliarios de quienes invierten, y
pretenden aumentar y expandir sus proyectos en el centro de la ciudad, donde no
hay cabida a las necesidades sociales, por lo que éstas son relegadas a la
periferia, lo que implica menor acceso y un gasto extra en traslados.
Este plan de erradicación, responde a un proceso de
intervención articulado desde distintas instituciones, desde el SERVIU, el MINVU,
el Municipio y hasta “El Techo”, que mediante una política asistencialista y
clientelar, logra incidir en el proceso de organización de las y los
pobladores, permitiendo por ejemplo que los comités de vivienda se creen con
criterios de puntaje de la ficha social, viendo el problema desde una perspectiva
individual, generando dispersión y conflicto entre los mismos vecinos. De esta
forma, en este proceso la principal carta y salida inmediata son los subsidios
de arriendo que significan una solución transitoria de 3 o 18 meses, donde en
varios casos no se les deposita el dinero en la fecha acordada, se acortan los
meses de beneficio, etc.
La
opción por la unidad y la lucha de las y los pobladores
Es en este momento, ya se ha logrado la
dispersión de gran cantidad de pobladores y pobladoras mediante el subsidio de
arriendo y por lo tanto el campamento ha reducido en número de familias, quedando
quienes no pudieron acceder al “beneficio” o bien no han podido encontrar
arriendo por contar con un núcleo familiar numeroso, es cuando empieza a caer
la amenaza del desalojo. Es en este contexto donde este grupo de vecinos decide
optar por afrontar este proceso desde la unidad, asumiendo el problema de cada
uno como el de todos, y la organización como base para defender su derecho a
vivienda, más allá de las posibilidades y limitaciones que han impuesto las
instituciones. Las y los vecinos, cuentan además con el apoyo de organizaciones
como “La Fonola”, quienes desde hace dos años vienen desarrollando actividades
en el ámbito cultural, artístico y recreativo con los niños y niñas del lugar,
y que también asume esta tarea como suya, apoyando este proceso.
Es a partir del 25 de Marzo, en que se
empieza a hacer efectiva, la movilización como
herramienta para visibilizar la problemática y alcanzar soluciones
efectivas a los problemas habitacionales de las y los pobladores del
campamento. En primer lugar se sostiene que no se busca sólo retrasar el
desalojo o salidas alternativas, si no que el conflicto pasa por dar respuesta
y vivienda definitiva a la totalidad de las y los vecinos. Mediante cortes de
tránsito, protestas fuera del SERVIU, mítines y la difusión constante por
diversos medios se ha logrado en primera instancia abrir el diálogo y acceder a
avances concretos. Dejando en claro que el desalojo, no es una opción ni se
permitirá mientras no den respuesta las exigencias del campamento. Si bien el
proceso continúa abierto y el desalojo se va corriendo cada vez más, no se ha
conseguido la solución a todos los casos. Se ha tomado conciencia que el
permanecer todavía en el campamento y los avances logrados, responden a la
opción de luchar, de ser críticos al proceso, de plantear con claridad que es
lo que se quiere, y no aceptar las migajas y parches desde las instituciones,
lo que da la convicción de seguir adelante y no detenerse ante la
intransigencia y prepotencia de las autoridades.
De la
reivindicación al fortalecimiento de nuestra lucha
La misma experiencia y la forma de
afrontar el conflicto, ha ido forjando un camino en el que se ha sentido la
solidaridad de estudiantes, pobladores y organizaciones que han aportado de
distintas maneras, encontrándose además con otros campamentos que afrontan los
mismos problemas, así como el aprendizaje que implica organizarse, generando
iniciativas solidarias como ollas comunes, así como espacios de participación
permanente donde la discusión es lo que va dando orientación al proceso y donde
los acuerdos y compromisos son respetados. Demostrando en la práctica que es
desde la articulación desde el mundo popular que vamos dando fuerza a estos espacios y
vamos creando instancias de organización y construcción que nos plantean
desafíos aún mayores.
Hoy sabemos que más allá de la solución
concreta a la vivienda como derecho básico, es fundamental la construcción de
comunidad y organización desde nosotros mismos, y la articulación con otros
sectores, es lo que nos da proyección, nos da la fuerza y la posibilidad de
alcanzar lo que necesitamos, de hacer frente a las injusticias que vivimos, y
que no solamente se manifiesta en la vivienda, sino también en la salud, en la
educación y en el trabajo. Son pasos pequeños pero firmes, en la construcción
de nuestra alternativa como pueblo.
Difusión
Libertaria Temuco
Publicado en el número de julio de 2013 del periódico libertario "Solidaridad"
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