Las y los manifestantes
se tomaron la calzada norte de la
Alameda –lo que no había sido autorizado-, y comenzaron a enfilar rumbo hacia
el poniente, con la intención de llegar al centro neurálgico de la capital.
Entre pancartas, cánticos, y performances artísticas, se desarrolló con
bastante normalidad la marcha, a pesar del numeroso contingente policial que
custodiaba de muy de cerca a la muchedumbre. Luego de chocar con una barrera de
fuerzas especiales en Ahumada con Alameda, un grupo de unas 1000 personas,
decidió dirigirse a la Plaza de Armas, específicamente al frontis de La
Catedral Metropolitana. Luego de realizar un breve mitín a las afueras del
templo católico, espontáneamente, una gran cantidad de las y los manifestantes
decidieron entrar a interrumpir la misa que se estaba llevando a cabo en ese
momento –oficiada por el arzobispo Ricardo Ezzati-, expresando con vehemencia
su rechazo a la Iglesia como institución ideológica y de poder que cumple un
rol privilegiado al imponer valores conservadores, opresores y retrógrados al
conjunto de la sociedad. La Catedral se mantuvo virtualmente tomada por algunos
minutos por las y los manifestantes, quienes se retiraron del lugar antes de la
llegada de carabineros. La acción fue catalogada por las autoridades eclesiásticas
como un “sacrilegio” y una “profanación”, mientras tanto la Intendencia
presentó querellas en contra quienes resulten responsables de los rayados y
daños que se produjeron al interior y al exterior del recinto religioso.
El aborto en Chile es una realidad que es negada sistemáticamente por el Estado y la Iglesia. Las cifras hablan por sí solas, en nuestro país se realizan más de 150.000 abortos de manera clandestina por año, con todas las consecuencias que ello implica: quienes tienen dinero acceden a una atención clínica de calidad, quienes no, arriesgan su vida y ser privadas de libertad si son denunciadas.
El aborto en Chile es una realidad que es negada sistemáticamente por el Estado y la Iglesia. Las cifras hablan por sí solas, en nuestro país se realizan más de 150.000 abortos de manera clandestina por año, con todas las consecuencias que ello implica: quienes tienen dinero acceden a una atención clínica de calidad, quienes no, arriesgan su vida y ser privadas de libertad si son denunciadas.
Finalmente,
reproducimos un escrito que nos facilitaron para su difusión y debate, las
compañeras y compañeros que conforman “La Alzada-Acción Feminista Libertaria”,
y que aparecerá íntegro en la edición de agosto de Solidaridad:
Sexualidad placentera y maternidad elegida ¡Yo
elijo! Dónde, cómo y cuándo
Finalmente, reproducimos un escrito que nos facilitaron para su difusión y debate, las compañeras y compañeros que conforman “La Alzada-Acción Feminista Libertaria”, y que aparecerá íntegro en la edición de agosto de Solidaridad:
Sexualidad placentera y maternidad elegida ¡Yo elijo! Dónde, cómo y cuándo
Chile es uno de los pocos países que
criminaliza el aborto en todas las circunstancias. El aborto terapéutico se
legalizó en 1932, sin embargo en 1989 se modificó el artículo 119 del Código
Sanitario que lo prohibió en cualquier situación. El año 2012 el proyecto de
ley que buscaba legalizar la interrupción del embarazo por riesgo de la vida de
la madre, por inviabilidad fetal extrauterina y por violación fue rechazado por
dos votos en la cámara alta. Hoy el debate se reabre a raíz de la coyuntura
electoral y es tensionado por las noticias comentadas.
Sin embargo, la ilegalidad del aborto es
violencia y discriminación del Estado hacia mujeres y niñas, no sólo en caso de
violación o inviabilidad fetal, por lo que delimitar la discusión en el marco
netamente “terapéutico” cierra el debate sobre causas sociales y otras
condiciones que determinan que una mujer opte por el aborto. Ante esta
dificultad, entonces podemos re conceptualizar lo terapéutico, pues si lo que
busca la terapia es aliviar o sanar los padecimientos físicos y/o psicológicos
de las mujeres, entonces es pertinente incluir todo embarazo que no forme parte
de sus proyectos de vida. En Chile la capacidad de decisión de las mujeres
sobre sus cuerpos y proyectos de vidas no sólo se ve truncada por el aparato
jurídico estatal, sino también por la precariedad de la educación sexual, la
falta de acceso a mecanismos anticonceptivos, un imaginario cultural que
confunde “mujer con madre”, como si fuésemos incubadoras vivas al servicio de
la sociedad, entre otras causas que no permiten a las mujeres vivir la
sexualidad y el placer de una manera responsable y consciente.
El problema del embarazo adolescente o
no deseado no debe centrar su atención en “aborto o no aborto” sino, como
cualquier temática de salud, en la prevención, es decir en la búsqueda activa
de la eliminación de los factores de riesgo. Por lo tanto, el acceso a
educación sexual y reproductiva, a mecanismos anticonceptivos y preservativos, son fundamentales, pues dentro
de las consecuencias de una sexualidad irresponsable también se encuentran un
gran número de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, la postura de
los grupos conservadores “pro-vida” tampoco promueve la sexualidad responsable,
jamás hemos visto alguna campaña en contra del aborto en la cual se entreguen
condones y consejería sobre salud reproductiva.
El temor infundado por estos grupos bajo
el argumento “como sociedad no estamos en condiciones para que podamos decidir
libremente”, del aumento de abortos que se producirían a causa de la
despenalización, no se condice con la evidencia, pues ésta demuestra que la
condición legal del aborto no modifica la necesidad de las mujeres a acceder a
él, sólo afecta dramáticamente el acceso a un procedimiento seguro, generando
una clara distinción socioeconómica, entre quienes pueden pagar una clínica y
quien no, como cualquier derecho que queda bajo los arbitrios del mercado, en
este caso clandestino.
Por otra parte, si bien los avances en
el uso de anticonceptivos han producido una disminución de los embarazos no
deseados, no han eliminado el acceso a un aborto seguro de las necesidades
sanitarias, pues se aproxima que unas 33 millones de usuarias de
anticonceptivos padecen un embarazo accidental cada año. No se propone el aborto
como mecanismo anticonceptivo por los riesgos que tiene cualquier procedimiento
médico o quirúrgico para el organismo, sólo se debe considerar que un aborto
inseguro es una causa importante de mortalidad. Alrededor de 47.000 muertes
anuales relacionadas con el embarazo se producen por complicaciones de éstos, y
puede prevenirse mediante educación sexual, planificación de la maternidad y
acceso garantizado al aborto en todos los casos. El acceso universal que
garantice salud a mujeres y niñas es una cuestión de derecho a la vida, ¿Qué
medida puede ser más “pro-vida” que proteger la salud física y mental de más de
la mitad de la población?
La legalidad del aborto es un tema de
salud pública, por lo que una u otra visión moral frente a ésta debiésemos
guardarla para nuestra propia decisión de parir o no a un hijo no planificado,
en la cual se deberían conjugar todas las condiciones para que podamos
sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y nuestro futuro, de nuestro proyecto de
vida que no es por consecuencia lógica la maternidad.
La legislación actual sobre el aborto en
Chile es una evidencia clara de violencia estructural patriarcal y muchas veces
pareciese ser obra de una mano invisible, pero no, es fruto de decisiones
políticas y de personas que hoy se arrogan la potestad de decidir sobre
nuestras vidas. Por otra parte la violencia física y psicológica a la que se
somete a niñas y mujeres se reproduce de forma macabra en el seno de la clase
trabajadora, por lo que nuestra práctica política no puede estar disociada de
lo que se produce en la intimidad de nuestros hogares y organizaciones.
Si bien una ley que despenalice y
garantice el aborto no nos resguardará de las conductas aberrantes que permite
y propicia el patriarcado al igual el capitalismo -pues ninguna ley puede
hacerlo- sólo la superación de estas estructuras de dominación que se expresan
como dictadura estatal sobre nuestros cuerpos y vidas, sólo la construcción de
una sociedad libre con pilares de solidaridad, cooperación y dignidad de
mujeres y hombres de todas las edades. Sin embargo existen condiciones mínimas
para avanzar contra la consolidación de la misoginia y es por esto que exigimos
esas condiciones mínimas para decidir y no morir.
¡Educación
sexual para decidir,
Anticonceptivos
para prevenir,
Aborto
legal para no morir!
La
Alzada, Acción Feminista Libertaria
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