El pasado 19 de agosto comenzó en
Colombia un formidable Paro Nacional Agrario motivado por el impacto de las
políticas neoliberales sobre el campesinado: los tratados de libre comercio
(TLC), una fiscalidad regresiva, el acaparamiento de la tierra en unas pocas
manos, la falta de una política de estímulo para el pequeño campesino...
Cientos de miles de personas en todo el país se han movilizado por campos,
veredas, carreteras y han conseguido suscitar un amplio movimiento de
solidaridad en las ciudades. En el momento de escribir estas líneas el
movimiento se mantiene y sus diversas expresiones están en la mesa de
negociación con el gobierno buscando plasmar algunas de las demandas en
conquistas.
El escaso espacio del que dispongo me
impide profundizar en los pormenores de este proceso, en los diferentes
actores, los pliegos de demandas, las formas de lucha, la actitud del gobierno,
las correlaciones de fuerzas.
De cara al esclarecimiento del lector
poco informado de la realidad colombiana, prefiero utilizar estas líneas para
señalar que esta movilización multitudinaria, lejos de ser circunstancial,
tiene motivos de fondo, estructurales, relacionados íntimamente con el
surgimiento y el desarrollo de las diversas formas de lucha que el campesinado
y otras clases populares han adelantado históricamente en Colombia para la
defensa de sus intereses.
Y es que el Paro Nacional Agrario es un
eslabón más del conflicto social y armado que desangra a Colombia desde hace
más de 50 años, y no se puede entender sin conocerlo. Un conflicto que tiene su
origen en el modelo de acumulación por desposesión en que se funda la
oligarquía colombiana y su afán por hacerse con la tierra utilizando la
violencia. No es por casualidad que sea en el medio rural donde más agudas son
las luchas sociales y donde la insurgencia tiene mayor fuerza. Tampoco que el
primer punto tratado en el proceso de paz entre una de las guerrillas, las FARC,
y el gobierno, haya sido la reforma agraria.
La insurgencia tiene su origen en los
organismos de defensa creados por los campesinos para hacer frente al despojo, siendo
que el Ejército intervino desde primera hora apoyando a los terratenientes. Desde
los mismos inicios del conflicto, la insurgencia ha buscado un acuerdo de paz
que conlleve un cambio sustancial en las estructuras políticas, sociales y
económicas que lo originaron. Quien más se ha opuesto a esta solución y ha
optado por profundizar en la militarización del territorio y en los esfuerzos
de guerra ha sido precisamente la oligarquía beneficiada por el actual modelo. De
los anteriores procesos de paz en Colombia sólo prosperaron aquellos que
significaron una rendición y entrega de organizaciones insurgentes sin ninguna
transformación de fondo en beneficio del pueblo. Los procesos que apuntaban a
dichas transformaciones fueron saboteados por esa misma oligarquía, bien
instalada en los aparatos de Estado y con ejércitos mercenarios (paramilitares)
a su servicio.
Por otra parte, la participación del
imperialismo en el conflicto ha sido una constante. El Plan Colombia de finales
de los 90, con la excusa del combate al narcotráfico, supuso un gran salto
adelante en la injerencia de Estados Unidos en la política interna colombiana.
Todo ello no ha bastado para derrotar ni militar
ni políticamente a unas organizaciones insurgentes bien enraizadas en el medio
rural y que siguen manteniendo presencia y operatividad en amplias zonas del
territorio colombiano. Presencia que se une a la reactivación en los últimos
tiempos (y el Paro Nacional es una buena muestra) de la lucha popular contra
las llamadas “locomotoras del desarrollo” del gobierno Santos, que no son sino
la profundización del modelo económico excluyente ya citado.
Esta inestabilidad del escenario, así
como su desajuste con las realidades continentales, han contribuido a
arrinconar a los sectores más duros de las clases dominantes, encabezados por
el ex presidente Uribe, que siguen oponiéndose a cualquier negociación con la
insurgencia, y ha propiciado que se abran paso puntos de vista más pragmáticos,
que aspiran a que de la mesa de diálogo salga la paz. Una paz caracterizada,
eso sí, como la desmovilización de las organizaciones guerrilleras sin hacer
concesiones significativas al pueblo y sin ceder privilegios.
De la fuerza que consiga acumular la
lucha popular y de sus niveles de unidad dependerá que esas ilusiones de la oligarquía de
conseguir tranquilidad a cambio de nada queden disipadas y que el pueblo
colombiano al fin consiga la verdadera paz, esa que se asienta en la justicia
social.
Como dicen los compañeros de la Red Libertaria
Popular Mateo Kramer: “cansados de la guerra queremos un país en paz, y paz es
defender los territorios de las transnacionales, paz es dar salida a la grave
crisis carcelaria, paz son derechos, paz es justicia”.
poe Manu García, septiembre 2013.
poe Manu García, septiembre 2013.
podrian publicar algo sobre el pliego de peticiones del proceso de paz en colombia 2013
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