Con un abierto apoyo del gobierno, fue aprobado por la Comisión de Evaluación ambiental (CEA) de Coyhaique, el proyecto de construir cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua en la región de Aysén. A pesar de las irregularidades que envuelven el caso, como los informes técnicos de los organismos que revisaron el proyecto, fueran alterados para favorecer al proyecto; o la relación de funcionarios del gobierno tenían con las empresas Endesa y Colbún; o la completa omisión de la opinión de los habitantes de Aysén. El ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, decía hora antes de la votación del proyecto: “para el país sería bueno que se apruebe”.
leer másDentro de los beneficios a los cuales se refería Hinzpeter y sus secuaces, serían que “las centrales inundarán seis mil hectáreas, siendo 18,8 hectáreas de estas del Parque Nacional Laguna San Rafael” como describe El Ciudadano, y aunque en el actual proyecto no se especifica sobre la línea de alta tensión, se estima que se fragmentarán parques nacionales, reservas naturales, áreas protegidas, con lo que se calcula una deforestación de 23.000 hectáreas.
Ayer 9 de mayo, en diversas partes del país se realizaron manifestaciones, Valparaíso, Valdivia Temuco, Concepción, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán y Puerto Montt. Estas partieron en Coyhaique, afuera del Servicio de Evaluación Ambiental donde se efectuaba la votación del proyecto. En Santiago, unas diez mil personas se reunieron en Plaza Italia, donde fueron dispersadas por carros lanzagua, carros lanza gases y cinco micros de carabineros.
Por otra parte, desde el gobierno, se sostiene el argumento de que en la decisión no hubo presiones, a pesar de que el presidente Piñera dijera a sus ministros en el consejo de gabinete del lunes 2 de mayo; que no quería seguir postergando la puesta en marcha de las obras de HidroAysén, que a su juicio era ambientalmente viable y que no lo paralizaría por presiones sociales, según indica El Ciudadano. Hoy martes 10 de mayo, la ministra del medio ambiente, María Ignacia Benítez, defendió la aprobación del proyecto argumentando que este cumple con las legislaciones ambientales vigentes, pasando por alto, las alteraciones que sufrieron los argumentos de los técnicos que examinaron el proyecto.
Fuentes: El Ciudadano, Emol.
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