“La realidad en los colegios se impone y nos demuestra que un sistema educativo basado en el mercado, la competencia, la subvención de la demanda, la estandarización del aprendizaje, la culpabilización de los docentes, el lucro con dineros públicos, la selección de estudiantes y la consecuente segmentación educativa ya no da para más. (…) Los jóvenes populares que hoy se movilizan ven ante sus ojos que, el destino inexorable de la marginación y la desigualdad no va cambiar, sin movilización social” (ACES, 2006)
Las movilizaciones estudiantiles aún en desarrollo han instalado con fuerzas en el debate público nacional, un cuestionamiento en profundidad y extensión a la institucionalidad política, económica y cultural hegemónica. Desde una perspectiva social, el movimiento estudiantil chileno se presenta como un catalizador social del descontento popular manifestado en la 1) transversalidad de la base social de apoyo de sus reivindicaciones, 2) en el repertorio de acción política y las formas de manifestación y, sobre todo, 3) la masividad de la protesta social callejera, la pérdida del miedo a los órganos de represión del aparato Estatal y la instalación del desacato a la autoridad vigente. Los ecos de la asonada popular del 4 de agosto entre barricadas, cacerolazos y ataques simbólicos a los centros de explotación económica y social (quema de la multitienda La Polar, ataques a bancos, multinacionales, etc.) pululan con fuerza en el imaginario y en las experiencias de lucha del movimiento popular.
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Desde una perspectiva política, el agente catalizador del movimiento queda expresado en las dinámicas del desarrollo de las demandas económico-democráticas del movimiento estudiantil, que han permitido la vinculación necesaria entre las principales contradicciones del sistema educativo vigente con las contradicciones fundamentales del sistema de dominación, proyectando el descontento social acumulado por la incapacidad sistémica de dar soluciones a las aspiraciones del movimiento popular en materia de derechos sociales, trasladando el foco del conflicto de lo sectorial (lo educativo) a los sistémico (cuestionamiento a los fundamentos del régimen democrático: la constitución y la clase política en su conjunto) y permitiendo la apertura de un período de rearticulaciones y emergencia de nuevos actores colectivos en la correlación de fuerzas sociales en disputa. A pesar de la amplia base de apoyo social y la masividad que ampara al movimiento estudiantil, la falta de claridad política-programática encubierto en un ímpetu movilizador, es una expresión directa del estado de descomposición político y social del movimiento estudiantil y del movimiento popular y, en estos momentos críticos, se constituye como el principal obstáculo que dificulta la necesaria proyección del movimiento estudiantil en un agente colectivo de mayor envergadura y con marcado acento en una identidad e intereses de clase: es decir, la constitución efectiva de un movimiento político popular.
Esta necesidad programática y política ha quedado en evidencia en el desarrollo de los acontecimientos políticos en los últimos meses, fundamentalmente al señalar los límites de lo posible del marco político institucional neoliberal. Las reivindicaciones por la gratuidad de la Educación, el fin del lucro y el reconocimiento a la educación como un derecho social con garantías constitucionales, la democratización de la gestión institucional y el libre acceso a las instituciones educativas apuntan directamente al corazón del modelo educacional neoliberal sustentado en: la educación como una inversión individual, entendiéndola como en un valor de cambio al que se accede a través del arancelamiento de la renta educativa.
Los horizontes reivindicativos del movimiento estudiantil son incongruentes desde una perspectiva sistémica, porque las posibilidades materiales de las estructuras económicas, políticas e institucionalesno lo soportan. En ese sentido la estrategia del gobierno en el conflicto educacional ha sido clara: un desconocimiento de una crisis en materia educacional, deslegitimando y cuestionado el apoyo del movimiento social, apostando a su desgaste a través de la criminalización de la protesta social, dilatando posibles soluciones, evitando una escenario de conflictividad directa entre el ejecutivo y el movimiento social y, sobre todo, evitando dar la discusión política en torno al lucro e instalarla, por el contrario, en los términos de la calidad de la enseñanza.
Mientras la estrategia del gobierno ha sido centrípeta (volcarse sobre sí mismo sobre sus fundamentos neoliberales -lucro- y apoyarse en la clase política criolla), la potencia (1) del movimiento estudiantil ha sido una fuerza centrífuga: su amplio y heterogéneo apoyo social, su masividad y su dinámica de desarrollo propio en los que se construye un nuevo espacio político. En esta disputa de fuerzas en oposiciones ha quedado reflejada en la opinión pública que, pese a estar monopolizado por el oligopolio COPESA-Edwards, las reivindicaciones estudiantiles cuentan con un amplio apoyo social (cercano al 85% según los sondeos de opinión del mismo oligopolio) y el costo político ha sido desplazado desde el gobierno en particular (apoyo 27% encuesta CEP agosto) a toda la clase política en general (apoyo de la concertación 16%). En otras palabras, el movimiento estudiantil tiene la iniciativa política en sus propias fuerzas y en el apoyo social.
Sin embargo, el aspecto crítico que vuelve a homologar la disputa es el carácter del actor colectivo que se expresa en ese amplio margen de apoyo “ciudadano”. Fundamentalmente en la medida que ese 85% que podríamos denominar como “izquierda social”, responde más a un sentimiento colectivo de justicia social sin desarrollo argumentativo/teórico ni correlato político sustantivo. Por ende, el potencial del movimiento estudiantil como catalizador del descontento popular ante la incapacidad sistémica del sistema de dominación en dar soluciones a las principales problemáticas del mundo social, queda mermado ante la ausencia de un horizonte estratégico, político y popular de amplio anclaje en la experiencia y realidad cotidiana del mundo social.
El escenario que se presenta
En línea con la estrategia del gobierno, Piñera prepara un paquete de reformas que enviará directamente al congreso sin mediaciones con el movimiento social. De esta manera, su apuesta es a desviar el foco de atención al Parlamento y restringir la conflictividad a la representatividad de las fuerzas políticas tradicionales. En otras palabras, hacer oídos sordos a las legítimas demandas del movimiento social y ciñendo la lucha a los canales tradicionales del Estado. En ese escenario político, el movimiento estudiantil pierde la iniciativa política y las posibilidades de arribar a buen puerto se merman considerablemente. Las posibilidades de evitar ese escenario desde el movimiento estudiantil son bastante bajas y las posibilidades de que todo el potencial movilizador termine favoreciendo una re-estructuración de la clase política tradicional es bastante alta. Sin embargo, este escenario desconoce lo sustantivo de esta coyuntura de movilizaciones y no se hace cargo de la crisis del sistema político partidista. Por estos motivos, la DC el oficialismo y todas las fuerzas políticas evalúan ampliar el marco del sistema democrático vigente.
Esta problemática no ha estado ausente en el movimiento estudiantil y los sectores políticos que representan el centro político social-demócrata (JJ.CC., Concertación y los Autónomos) han venido levantando progresivamente el horizonte del plebiscito como una herramienta democratizadora del aparato estatal, que permitiría disputar en el corto plazo herramientas de poder en la resolución de conflictos sociales y en el largo plazo permitiría una Asamblea Constituyente. Las críticas a esta estrategia son variadas (2) , pero la más sustantiva en término teórico es la de colocar en el centro político la contradicción democracia v/s neoliberalismo, entendiendo que a medida que se avanza en la democratización de aparato estatal se cerca al capitalismo neoliberal; y en términos políticos, la de trasladar el escenario de conflictividad directa entre el Ejecutivo y el movimiento social al espacio parlamentario, desviando el foco reivindicativo de lo educacional, sin significar ningún avance en política estudiantil y lo más nocivo, granjeando el apoyo político de la Concertación y un sector derecha más dura para llevar adelante al iniciativa legislativa que permita crear una ley de plebiscitos en Chile.
Sin embargo, en el último CONFECH en Concepción (13-14 agosto) el movimiento estudiantil ha acordado no avalar ninguna instancia de diálogo en el Congreso sin condicionar al ejecutivo a que se manifieste públicamente y de manera detallada por las demandas bases del movimiento estudiantil. Y se define al plebiscito como una salida de mediano plazo.
La necesidad estratégica de construir un Proyecto Educativo como un paso en la construcción de un Programa desde y para el pueblo
En estos momentos, la principal tarea política que tenemos que afrontar en el corto plazo es el desarrollo de un horizonte programático en política educacional que retome lo sustantivo de las reivindicaciones estudiantiles, profundizando los aspectos ideológicos presentes en toda disputa política y que se constituya como del referente desde el cual el movimiento estudiantil evalúe y oriente su línea reivindicativa. Un proyecto que en su construcción y en sus contenidos prefigure la sociedad que anticipe –que sus fines sean coherentes con sus medios-, que sea elaborado democráticamente, territorializado y de manera federativa. Que permita conectar al movimiento estudiantil con el movimiento social, capitalizando el descontento popular y la bronca en acción política, avanzando en la discusión ideológica centrada en la contradicción capital/trabajo, que permita permear al movimiento social, poniendo sus estructuras organizativas al servicio del movimiento social, abriendo espacios al desarrollo de una política social centrada en la experiencia vivida de los actores sociales mismos, que responda a sus intereses y aspiraciones. Reinsertando así la discusión educacional en su sentido sustantivo: los fines e intereses que la gobiernan. De esta manera la profundidad y la extensión del conflicto crece en un poder social organizado desde lo social y con claridad y fundamento estratégico: el poder popular.
Esta tarea histórica que atraviesa el movimiento estudiantil y popular resulta hoy prioritaria y todo aquello que signifique un avance en ese horizonte es bienvenido tales como: 1) desarrollo y fortalecimiento de las asambleas territoriales, espacios sociales y amplios de discusión política y de ejercicio de soberanía popular y que, en un escenario favorable, concluyan en un encuentro de asambleas territoriales; 2) cualquier avance y conquista que cerque en materia educativa al neoliberalismo y que exprese un avance significativo en nuestro horizonte de lucha; 4) democratizar instancias de representatividad social, como federaciones, centrales de trabajadores, juntas de vecinos, etc.; 3) el desarrollo de la autodefensa de masas, la conflictividad social, la acción directa y el desacato a las autoridades vigentes. Solo desarrollando nuestra capacidad política como trabajadores, estudiantes, pobladores y toda la diversidad que constituye nuestro pueblo, podremos avanzar, lentos pero seguros, construyendo nuestros propios espacios para nuestra acción política y contagiando con nuestra alegre subversión todos los rincones del mundo social, acumulando fuerza y construyendo Poder Popular.
¡Por el Socialismo y la Libertad! ¡Arriba las y los que Luchan!
Eme, zeta & ge
Militante del Frente de Estudiantes Libertarios-Santiago
Agosto 2011
NOTAS:
(1) Digo potencia y no estrategia, porque efectivamente el movimiento ha carecido de aquella.
(2) Véase, ¿Plebiscito o Poder Popular? http://www.lachispa.cl/2011/07/20/%C2%BFplebiscito-o-poder-popular-si-votar-cambiara-algo-estaria-prohibido/
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